El caso Riquelme:otra mirada

Olga Feliú

El enjuiciamiento público al señor Riquelme y su marginación de la Administración Pública -requerida prácticamente por todos los sectores políticos- da cuenta de un progresivo deterioro de la imagen que se proyecta de la función pública. En su calidad de funcionario, el señor Riquelme tenía derechos y se encontraba sujeto a obligaciones. Es efectivo que él no era inamovible -porque su cargo era de confianza exclusiva- pero su alejamiento forzoso no podía tener como fundamento razones de orden político, sino de desempeño funcionario y si había irregularidades, ellas debían acreditarse.

Quienes sirven al Estado se encuentran sometidos a estrictos códigos legales de conducta, y, su inobservancia, sancionarse. Así, si ha habido situaciones irregulares en compras efectuadas por trato directo, o existido tráfico de influencias, ello debe ser investigado y, si procede, sancionado.

En este caso, se han imputado actuaciones irregulares, respecto de las cuales el afectado no ha tenido derecho a defenderse en un procedimiento administrativo. Así, se han desconocido los derechos que él tiene, como todo funcionario público a quien se imputan hechos irregulares. Pero también el ordenamiento jurídico obliga a que si ha habido actuaciones ilícitas, éstas sean investigadas y sancionado el responsable. Esta es una exigencia legal, que es deber de las autoridades darle cumplimiento y lo requiere la sociedad toda. Felizmente, la intervención de Contraloría permitirá superar esta situación y dará certeza sobre la juricidad de las actuaciones funcionarias.

La situación de este ex funcionario ha sido analizada desde el punto de vista político, en forma detenida. Todas las variables políticas han sido examinadas por los actores políticos de todo el espectro. Desde un ángulo jurídico, en cambio, este estudio no se ha efectuado, no obstante que el caso debiera alertar a los partidos y a la ciudadanía.

En efecto, toda la discusión surgida en este caso ha develado en forma nítida, el manejo político que existe para la nominación en los cargos públicos.El ingreso, el ejercicio y el cese de las funciones públicas deben ser ajenos a los partidos y a las alianzas políticas. La mezcla entre partidos políticos y cargos públicos es una trasgresión a la probidad, tan grave como la corrupción que tiene su origen en el dinero. En la relación que nace entre un funcionario público y el partido político a que pertenece existe el mismo vínculo que se origina con el dinero, también en ella existe un interés pecuniario y de subordinación.

Como expresa el Decreto que crea la Comisión Engel, el principio de probidad obliga a todos los titulares de las funciones públicas a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones, “debiendo velar por el interés general por sobre el particular”.

El principio de probidad se violenta cuando se nominan funcionarios por razones diferentes a su idoneidad.

Como señalaba la Presidenta, en su discurso al constituir el Consejo Asesor Presidencial antes citado, el rol del Estado depende de la imparcialidad de los servidores públicos para garantizar que las normas se apliquen a todos por igual y agregaba que estaba en juego el esfuerzo de millones y millones de chilenos, que tienen la esperanza que van a tener las mismas oportunidades. Acorde con estos principios, la Carta reconoce, como derecho ciudadano, el ingresar al servicio del Estado. Ella asegura “la admisión a todas las funciones y empleos públicos...” Si los nombramientos se disponen por cuotas de partidos se desconoce, absolutamente, el derecho de los chilenos.

En nuestro ordenamiento jurídico, la Administración del Estado tiene un enorme poder que se incrementa día a día -con facultades de la más diversa naturaleza- y maneja cuantiosos recursos. No es posible que ese poder y tales recursos sean administrados por quienes han sido elegidos para ingresar a la función pública por su filiación política y no por sus méritos, desconociendo el derecho asegurado constitucionalmente a todos los chilenos y deteriorando la calidad de los servicios que prestan los organismos públicos, sin considerar, además, la poderosa herramienta electoral que proporciona la burocracia estatal a los partidos del gobierno, como se destacó en el parlamento al estudiar la ley sobre financiamiento electoral.